Como político, como miembro del PP, pero
sobre todo como ciudadano ha sido bastante descorazonador seguir el pre debate,
debate y pos debate a la aprobación de la reforma educativa (LOMCE), aunque esa
sensación se convierte en un reto político de gran altura para los próximos
años. Explicaré porqué.
Descorazonador porque una Ley que el
Partido Popular cree buena y necesaria para mejorar la calidad y los resultados
de nuestro sistema educativo, nace con la amenaza de los inmovilistas de la
izquierda española de la forma más chusca y macarra.
Un inmovilismo que niega las evidencias
que reflejan el modelo actual. Hemos pasado décadas invirtiendo por
alumno lo mismo que Japón y por encima de la media Europea. Pese a esa
inversión (en educación no me gusta hablar de gasto) somos de los últimos en comprensión
lectora, abandono escolar y paro juvenil. El personal docente consume del
presupuesto educativo 10 puntos más que la media europea, y el ratio
alumnos/clase es de los más bajos de la UE, hay más niños por aula en los
colegios privados que públicos, y tenemos tantas universidades como Alemania
con la mitad de población (*1)
Pues bien, esa realidad es la que la LOMCE
pretende cambiar. Mejor la educación no es gastar más sino gastar mejor. Y
sobre todo reformar un modelo que pese a los denodados esfuerzos no ha
respondido en 30 años a las expectativas generadas. Y la otra realidad, le pese
a quien le pese, es que en todos estos años el único modelo educativo aplicado
en España es el impulsado por el PSOE con más o menos apoyo de sus socios de la
izquierda, sobre la base de que la izquierda y sólo la izquierda tienen
potestad para hacer y deshacer en materia educativa(*2). La gran mayoría de la
sociedad comparte el diagnóstico, ¿no tenemos derecho a que nuestros
hijos disfruten de un sistema educativo que les haga mejores y más preparados
que nosotros? ¿no tenemos derecho los ciudadanos a probar otra cosa?

Pero como decía, esa desazón inicial,
rápidamente se ha convertido en reto político. Los ciudadanos otorgaron una gran
mayoría al PP para sacar a España de la crisis, hacer las reformas necesarias y
colocar de nuevo a nuestro país en la senda de la recuperación y el
crecimiento. Esa tarea está suponiendo grandes esfuerzos para una inmensa
mayoría de españoles. Esos ajustes están cambiando muchas cosas en nuestro
país. Y este proceso reformista está requiriendo a quienes tienes
responsabilidades de Gobierno y a quienes lo apoyamos un esfuerzo de
explicación, de argumentación y de justificación.
Quienes formamos parte del Partido Popular
queremos acertar con nuestras reformas, creemos que estamos acertando y ya hay
algunos datos que aparecen ratificar dicha afirmación. Y como cualquier partido
con vocación de Gobierno, aspiramos a que esta tarea tenga la recompensa de la recuperación
económica, la caída del paro y el bienestar de los ciudadanos, y que todo eso
sea valorado por los ciudadanos cuando tengan que juzgar acciones y actitudes
de unos y otros.
Con la educación es más importante aún si
cabe. Y vuelvo al reto y al comienzo de este post.
Quienes nos niegan la posibilidad de ser
mejores, quienes no quieren que otro modelo educativo refleje que quizá ellos
no tenían la verdad absoluta, amenazan con derogarla si tienen oportunidad de
ello. Es algo que conviene retener y recordar llegado el momento. Si el Partido
Popular merece nuevamente la confianza mayoritaria de los ciudadanos al juzgar
la acción del Gobierno, esa mayoría se hace más indispensable que nunca, pues
está en juego el futuro de nuestros hijos. el triunfo del esfuerzo frente a la
mediocridad, de la inversión frente al dispendio, de la libertad frente al
dirigismo, de la pluralidad frente a la miopía política. Cuando llegue el
momento, los ciudadanos deberán elegir si vuelven a confiar en el Partido
Popular o prefieren la alternativa agrupada que refleja la foto de este post.
(*1) Estas afirmaciones han sido extraídas
de tuits del periodista @AntonioRNaranjo Siguiéndole podréis encontrar vínculos
a informes oficiales y reflexiones fundadas, en las que hay para unos y para
otros.
(*2) Legitimidad
de la Ley. Tras unas
elecciones, la representatividad de los proyectos políticos se mide en escaños.
Algunos se afanan en centrar el foco en el hecho de que la LOMCE
sólo ha contado con el apoyo del PP, mientras recuerdan el “consenso” logrado
(gracias a cesiones a la izquierda más radical y concesiones a nacionalistas en
pleno auge ZP) con la LOE en 2006. La realidad es que la LOE contó con el
apoyo de 181 diputados, el 51,7% de la cámara, mientras que ayer fue el 53%
de los diputados, representantes de la soberanía nacional, los que dieron su
apoyo a esta Ley tan necesaria.