Hasta hoy, la izquierda política y mediática se creía en posesión del derecho universal de decidir qué es ético, moral y qué es bueno y qué no.
Hasta hoy, la izquierda política y mediática, se arrogaba el derecho de tachar de predemocrático, de antidemocrático, de caverna, de radical, cualquier posición política o mediática que fuera en contra del Gobiernos cesarista de Zapatero.
Pero el tiempo ha pasado y llega un momento en el que hay que decir “hasta aquí”. Y en el PP, creo que ese momento llegó ayer, con el comunicado que se redactó a raíz de las últimas filtraciones interesadas e ilegales contra Rita Barberá, publicadas por el diario oficial “El País” (acabemos ya con eso de “un diario de tirada nacional” y llamemos a las cosas por su nombre). Digo ya de antemano que suscribo cada palabra de dicho comunicado, porque lo que está pasando con la instrucción del caso Gürtel empezó sucio y se sigue ensuciando más. Un auténtica vergüenza.
Al margen de que los jueces determinarán si hubo o no delitos, y el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. La manera de llevar este caso, con la utilización de los poderes del Estado para machacar a un partido es algo inaudito en nuestra historia. La pasada semana, Esperanza Aguirre en una entrevista en la SER lo dejó muy claro y esa es la realidad de lo que está pasando, que se puede resumir de la siguiente manera.
Hay un sumario secreto, que debe ser custodiado por la Justicia y cuyas investigaciones y secretos son responsabilidad de la Policía.
Ese sumario secreto impide que los posibles implicados puedan defenderse claramente al no conocer de qué se les acusa, y a los máximos responsables políticos, tener una opinión global ya que lo desconocen. Ese secreto ha sido prorrogado una vez más.
Pero salen filtraciones de dicho sumario y son filtraciones a los mismo medios, todos del Grupo PRISA (en esta ocasión, Público y la Sexta hacen de altavoz de dichas filtraciones y se llevan a las mil maravillas con PRISA -¿tendrá algo que ver los aires de fusión?). Dejo al margen, las grabaciones hechas por un exmiembro del PP a los propios implicados, ya que, aún siendo ilegal que un particular se grabe asimismo en una conversación y la filtre, es otra cosa. Me refiero a las grabaciones hechas dentro de las investigaciones de la Justicia y la Policía y que deben ser custodiadas por la Policía y la Justicia, al menos, con el mismo celo con el que llevaron la investigación. Si fueron capaces de solicitar los permisos, preparar los operativos, los seguimientos y las grabaciones con tanto secreto ¿Cómo esos mismos responsables no son capaces de custodiar el resultado?
A parte de la inquina con la que dicho grupo trata al PP, tienen todo mi respeto para publicar lo que les venga en gana, pues si un medio accede a una información, puede y debe publicarla (otra cosa es la intención, el sesgo, o las publicaciones parciales para contar las cosas a medias). El problema es quien lo filtra y el PP lleva desde el primer momento denunciando dichas filtraciones e instando a jueces y Ministerio que extreme el celo en una garantía procesal básica en nuestro Estado de Derecho. No se ha hecho nada, sino que se ha ido a más.
Si estas filtraciones no fueran del sumario secreto, estarían al alcance de cualquier medio pero no, sólo están al alcance de uno. Y si ese medio no ha grabado las conversaciones telefónicas (algo obvio que no ha hecho pues seria un delito), y si no están en el sumario (como dijo el periodista de la SER), sólo cabe pensar que las obtienen de quienes las han hecho y esto es: Ministerio del Interior.
Lo ocurrido ayer con Rita Barberá es un claro ejemplo. La Alcaldesa de Valencia no está en el sumario, ni encausada ni imputada. Se filtra una conversación de dos imputados en la que la nombran diciendo que la están comprando un bolso aunque “ella no les da nada”. Ella, es la Alcaldesa, y ella a preguntas de El País desmintió categóricamente esos hechos, pero daba igual, porque la “pieza periodística” ya estaba camino de imprenta y la realidad no nos puede estropear un titular ¿verdad? Y si dicha conversación telefónica grabada por la policía, no está en el sumario ¿cómo la obtiene El País? ¿quién se la da? ¿con qué objetivo?
Otro ejemplo es Luis Bárcenas que hasta su declaración de esta semana que empieza, se remite a lo publicado en su entrevista con ABC. Ha negado los chantajes y ha negado que se haya llevado 9 cajas, pero da igual, el editorial de ayer de El País, pone en su boca que se las ha llevado y que se jacta de ello.
En fin, son pinceladas para invitar a la reflexión colectiva porque, con este tema, uno se pone a escribir y no para. Pero sinceramente todo tiene un límite, al que se ha llegado cuando grupos mediáticos y políticos tratan de “aniquilar” al principal partido de la oposición. Es el mismo grupo cuyo Presidente Fundador tachó al PP de franquista y guerracivilista. Aquellos hechos ocasionaron una ruptura en las relaciones con dicho Grupo que se restablecieron, por respeto, tras el fallecimiento de Jesús de Polanco. Yo convivo con personas que trabajan en este Grupo y otros medios que no tienen precisamente al PP en sus plegarias, y desde el punto de vista humano, no tengo ningún reproche. Pero sí me surge una pregunta que dejo en el aire:
Se exigen dimisiones, se hacen linchamientos públicos contra dirigentes imputados o no, pero desde luego no declarados culpables por ningún juez. Los mismos que filtran parcialmente o publican sesgadamente, son lo que ya condenan –sin juicio previo – a abandonar la vida pública, dejar sus cargos o exiliarse a dichos dirigentes. Tengo claro que si un juez declara culpable a alguien deberá pagar su pena y el partido tomar las medidas correspondientes, pero yo me pregunto, ¿si resultan inocentes? ¿Qué pasa con quienes han calumniado, insultado y linchado? ¿Estarían dispuestos cerrar su medio un mes como multa de un juez? ¿Sería aceptable que un periodista –como el que machacó al Presidente del PP de Canarias- dejará 6 meses de escribir?
Si un político roba, miente o comete la falta que sea paga por ello. ¿qué precio pagan quienes atacaron, machacaron, ensuciaron el nombre de un determinado dirigente? ¿Quién resarce al daño moral cusado?
