Durante los últimos años, hemos oído con demasiada frecuencia la frase que da título a este post. Y sí, generalmente ha tenido que ver con un recurso interpuesto por el PP ante una norma aprobada en sede legislativa: Plan Ibarretxe, Estatut de Catalunya, ley de matrimonios homosexuales, aborto, reforma de la Ley Orgánica del TC... Y ha habido de todo. En algunos casos se nos ha dado la razón y en otros no. No es algo nuevo y entra dentro de toda lógica, pues el PSOE también lo hizo cuando entendía que normas del Gobierno de Aznar no se ajustaban a la Constitución.
Ahora hay 2 nuevos ejemplos que han recibido similar respuesta.
En Cataluña, tras un recurso del PP, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido cautelarmente siete artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida, que obligaban a dichas instituciones a usar preferentemente esa lengua en sus documentos y comunicaciones.
Ayer, el PP presento en el Tribunal Constitucional su recurso contra la prohibición de los toros en Cataluña.
Y hemos vuelto a oír lo mismo, en este caso por parte del establishment catalán (ese que sólo se preocupa de debates identitarios pero no de los problemas reales de los catalanes), arremeter contra el PP por dichos recursos y/o sentencias. Pero en otras ocasiones ha sido el propio PSOE.
Vivimos en un Estado de Derecho en el que la separación de poderes es muy clara. Existe un Poder Judicial que tiene la obligación de velar por que las leyes se ajusten al ordenamiento jurídico supremo (nuestra Constitución) y existe el derecho de todo ciudadanos (y por supuesto de toda formación política) a recurrir ante el TC aquellas normas y decisiones que entiendan contrarias a la Constitución.
No se trata de ganar en los tribunales lo perdido en las votaciones. Es el libre ejercicio de un derecho y un ejemplo de coherencia. Si se votaba en contra de una norma por entenderla inconstitucional ¿cómo no recurrirla si finalmente es aprobada?
El problema es que quienes se llenan la boca a diario hablando de democracia, pretenden imponer un sistema más propio de oros regímenes (algunos distanciados en el tiempo y otros distanciados por el Atlántico) en el que no es posible recurrir judicialmente lo que dicta el político de turno. Si es así que lo digan o que propongan cambiar la ley. Yo les propongo un artículo único:
“Artículo Único. No podrán ser objeto de recurso aquellas normas o disposiciones que emanen de Gobiernos socialistas o nacionalistas”
Lo curioso es que se llenan la boca afirmando la constitucionalidad de sus decisiones, pero luego parecen tener miedo a que se pasen por el tamiz del TC para comprobarlo. Si se pierde el recurso, se pierde. Y si se gana, o se gana en parte, todos deberíamos estar más satisfechos pues ese será el momento en el que la norma ya es plenamente constitucional. Es lo que pasó con el Estatut.
El problema es que en estos años han primado los cálculos electorales y los acuerdos partidistas, antes que el respeto a nuestro ordenamiento jurídico. El responsable está claro, pero las consecuencias están todavía por dilucidar.
