La primera es que el PP ha asumido el Gobierno de España en una situación de grandes dificultades económicas y sociales. Objetivamente en esta ocasión mucho peor. No hace falta comparar pues los datos son conocidos: estancamiento económico, 23% de paro y un 50% de los jóvenes sin trabajo dan una idea de la situación en la que estamos, y un déficit del 8,4%, 29.000 millones de euros en intereses de la deuda, y un descrédito internacional así como en los mercados, dan cuenta de la irresponsabilidad de quienes gestionaron España los últimos años. Sí, la herencia recibida, de la que no quieren oír hablar, sólo que mucho peor que en 1996. Las facturas en las cajones, los engaños con las cuentas oficiales o las formas y los modos de siempre son minucias que cuentan quienes recuerdan el 96 viendo las sorpresas que el Gobierno de Rajoy se encontró al llegar. Lo serio es el drama de un país quebrado, camino de los 6 millones de parados, con una educación desprestigiada y un Estado de Bienestar que necesita reformarse para mantener su sostenibilidad. Ese es el panorama que ha afrontado el Gobierno del PP en estos primeros 100 días.
La segunda realidad que se repite de manera idéntica pero con mayor virulencia es la vuelta al miedo y la exageración y, lo que es más grave, tratar de restar capacidad a un Gobierno con una de las mayores legitimidades democráticas de nuestra reciente historia. Y repito, no es nuevo. Una vez más, para tratar de tapar sus vergüenzas, el PSOE (a los lomos del resto de izquierda política, mediática y sindical) intenta meter miedo ante los ajustes que se ve obligado a acometer el Gobierno. Hablan de quiebra del Estado de Bienestar, de que se acaba la sanidad o la educación pública, de que se acaban los derechos civiles… en definitiva, que sin el PSOE en el Gobierno no hay democracia. Y digo que no es nuevo porque es la misma táctica que en 1996. Era esa época en la que Rato hablaba de importantes ajustes, y la izquierda (IU) no se cortaba diciendo que “se dinamitaba el Estado de Bienestar”, aunque mucho menos leal –desde un punto de vista institucional- era esa impostura de Almunia escribiendo a sectores sociales, “preocupado por la quiebra de principios esenciales”.
Afortunadamente la historia está ahí. Todos sabemos cómo acabó y la España que se encontró Zapatero en 2004, una España camino del pleno empleo, con sus arcas saneadas, con liderazgo internacional y en pleno disfrute de su sistema de Bienestar Social.
Ninguno de los augurios del PSOE se cumplió, es más, la austeridad, el rigor y la estabilidad fueron tan importantes, en los años de Gobierno PP, como base para el crecimiento y al creación de empleo, que el propio Zapatero tuvo que pedir el apoyo del PP para cambiar la Constitución e incluir ese compromiso de estabilidad presupuestaria en nuestra Carta Magna como garantía ante mercados y socios internacionales. Era un Zapatero en retirada sí, que con esa decisión, acertada, hacía una enmienda a la totalidad a la gestión socialista basada en el despilfarro, mientras Rubalcaba en campaña se quedaba descolocado. Zapatero sabía que no sería su responsabilidad el llevarlo a cabo.
Precisamente hoy, el Congreso ha aprobado la Ley de Estabilidad Presupuestaria que desarrolla dicha reforma constitucional. Han pasado 8 meses desde que Zapatero solicitó el apoyo del PP y lo obtuvo, 4 meses desde que el PP ganó las Elecciones, y es hoy cuando el PSOE debía demostrar su compromiso con la estabilidad, con el rigor y la solvencia de nuestras cuentas, ese compromiso que pidió entonces, le tocaba devolverlo. No lo ha hecho. Quería dejar un hueco para que una administración pudiera seguir endeudándose, un hueco por el que en un hipotético futuro, pudieran volver al despilfarro. No será posible. Al menos en eso ya no se repetirá el día de la marmota.
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